El ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) durante el gobierno de Alberto Fernández, Pablo Martínez Castagnino, mantuvo una actividad marcada durante estos días en X. El abogado y autor de la ley de Alcohol Cero al Volante denunció que la demora en aplicar la obligatoriedad del ESP en Argentina respondió a un lobby de intereses marcados.
Por falta de piezas importadas, una automotriz vuelve a parar su producciónEn una serie de publicaciones, Castagnino terminó por responsabilizar a una de las empresas automotrices de mayor circulación en Argentina: Volkswagen. Esta dura denuncia contra la automotriz se dio apenas dos días después de que Pablo Di Si, quien fuera presidente de VW Argentina y CEO de VW Group Norteamérica, dejara el cargo entre rumores que lo acusan de trabar el desarrollo de ciertos productos en la región.
¿Qué es el ESP y por qué se habría impedido su aplicación?
El ESP –electronic stability program–, también llamado ESC –control electrónico de estabilidad– es una tecnología vital en automóviles para evitar choques. Este se encarga de frenar independientemente cada rueda para que el conductor no pierda el control del vehículo, según define LatinNCAP, asociación dedicada a evaluar el desempeño vehicular en materia de seguridad.
El programa independiente analiza qué impacto pueden tener los automóviles según sus sistemas de seguridad, tanto para conductor y acompañante, como para peatones y usuarios vulnerables en las vías de los vehículos. El control que realizan se lleva a cabo en los productos que se comercializan en Latinoamérica.
La acusación contra Volkswagen
Según Martínez Castignano, el control de estabilidad debería ser un sistema obligatorio en los autos que se vendan en nuestro país desde 2016. Sin embargo, sostuvo que por presión de Volkswagen, el gobierno decidió prorrogar la medida hace ocho años y luego, en 2018, lo hizo nuevamente.
La decisión, según sostuvo, habría estado influida por uno de los autos más vendidos de los últimos años en el país: el Volkswagen GOL.
En 2021, con el denunciante al frente de la ANSV, se decidió avanzar con la medida y en el 4 de enero de 2022 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 1/2022 de la Secretaría de Gestión de Transporte, modificando los requisitos de equipamiento de seguridad para los autos que se comercializaran en Argentina.